La resolución fue dispuesta ayer por el juez de Garantías Ricardo Calcagno al aceptar un pedido de la fiscalía y por entender que la ausencia de los acusados en una audiencia virtual en el juzgado de Paz de El Bolsón no estaba justificada en los argumentos que expuso su defensa, añadieron las fuentes.

El Ministerio Público Fiscal indicó a través de un comunicado que incluso el juez consideró que "una medida cautelar como el desalojo requiere en el fuero penal, de la presencia de los imputados y su permanencia en la totalidad de la audiencia".

A su vez, el fiscal jefe Martín Lozada apuntó que "es claro que no puede mantenerse esta ocupación ilegal en un sitio que, como ya ha sido acreditado, ocasiona un perjuicio real, actual y manifiesto a los titulares del inmueble”.

El fiscal Lozada sostuvo también que “permitir la continuidad de los ocupantes constituiría un desatino procesal”.

En tanto, el fiscal de caso, Francisco Arrien, dijo que ambos “están debidamente notificados y pueden perfectamente acercarse al edificio del Poder Judicial de Río Negro en El Bolsón".

"Entiendo que es una dilación por parte de la defensa y no se ajusta a la realidad, por lo que solicitaré se declare la rebeldía y se fije captura, no hay otra manera que comparezcan. Hay una intencionalidad de no ajustarse a derecho", añadió.

El viernes, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, cuestionó la usurpación del campo privado por parte de personas que argumentaron ser descendientes de mapuches y advirtió que "tiene que quedar en claro" que se trata de "un delito".

La gobernadora pidió no confundir a estos ocupantes con "las comunidades originarias pacíficas que trabajan por el bien de la gente" y alertó que “se confunde la reivindicación de las tierras con estos hechos, a partir de debates ideologizados”.

Unos 40 integrantes de la comunidad llamada Lof Gallardo Calfú ocuparon el campo privado con el argumento de que supuestamente sus ancestros "fueron estafados por un empresario de Bariloche".

El campo en cuestión tiene 370 hectáreas y pertenece a Martín Soriani y a su familia, quienes presentaron una denuncia por usurpación dado que cuentan con toda la documentación en regla, situación que fue respaldada por la gobernadora Carreras.