Ayer por la noche, una treintena de personas ingresó con intenciones de ocupar un sector de una chacra lindero al barrio La Unión de Fernández Oro. En esas circunstancias se hicieron presentes el fiscal en turno y un fiscal jefe en conjunto con autoridades de la Comisaría 26º a los efectos de notificarlos de que estaban cometiendo un delito y los intimaron a que abandonaran el lugar.

Tras mantener un diálogo con las personas que se asentaban allí, se arribó a la conclusión de encaminar el reclamo institucionalmente, desocupando de esta forma el espacio rural que es propiedad de un productor frutícola local.

“Siempre lo que se busca en primer lugar es buscar una salida pacífica al conflicto, pero en caso de no lograrla, la fiscalía va a avanzar en los pedidos de desalojos correspondientes”, expresó el fiscal jefe, Gustavo Herrera.

Por otro lado, señaló que en este caso en particular, las personas aceptaron mantener una reunión con las autoridades municipales para buscar una solución a sus problemáticas y abandonar el lugar, situación que no se ha dado en otros asentamientos donde los ocupantes no se muestran predispuestos al diálogo para buscar posibles alternativas.

“Tenemos casos donde la gente ya ha participado en tres tomas distintas en pocos meses, se les ha solucionado su problema habitacional y aun así continúan organizando tomas. En esas situaciones ya no se centran los reclamos en una necesidad, sino en una cuestión ideológica o política”, agregó el fiscal jefe. En ese punto, adelantó que la postura del Ministerio Público Fiscal será inflexible para este tipo de casos.

Pedido de formulación de cargos y desalojo en Cipolletti

La fiscalía avanzó el viernes además en la solicitud de formulación de cargos en la cual requerirá el desalojo de dos ocupaciones de predios privados en el barrio Labraña de Cipolletti.

En una de ellas, se imputará a siete personas por el delito de usurpación en un sector de una chacra perteneciente a una empresa que se dedica a la exportación de frutas. En la segunda los acusados serán unas setenta personas que serán acusadas de usurpar una chacra de grandes dimensiones en el mencionado barrio.

De la mencionada ocupación se desprendió una investigación en la cual se acusará a una mujer por ser la instigadora del asentamiento y por los delitos de resistencia a la autoridad, coacción agravada y privación ilegítima de la libertad. Lo anterior fue cometido a través de una serie de actos violentos que la habrían tenido como protagonista cuando durante un allanamiento realizado en su vivienda con el fin de secuestrar sus teléfonos celulares de la mujer, habría agredido junto a un grupo de vecinos a las autoridades policiales y del Ministerio Público Fiscal.