Pobreza y ley penal juvenil, las deudas con la infancia en la Argentina

Erradicar la pobreza infantil -que hoy afecta a más del 50% de niñas, niños y adolescentes- y elaborar una ley penal juvenil son dos de las principales deudas con la infancia en Argentina, coincidieron este martes especialistas a 30 años de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño.

"Argentina ha tenido numerosos logros desde que ratificó la Convención. En términos legislativos sancionó numerosas leyes muy progresistas que acompañaron la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, como la ley de Educación Sexual Integral, la de Matrimonio Igualitario, etc.", señaló a Télam Luisa Brumana, representante de Unicef en Argentina.

Y continuó: "También se lograron avances importantes en cuanto a la cobertura de la escolaridad primaria y el descenso de la mortalidad materno-infantil, pero tenemos poca cobertura educativa y de cuidados de primera infancia, y también 500.000 adolescentes fuera del sistema educativo, por mencionar sólo algunos aspectos".

"Pero -afirmó Brumana- lo central es lo que denominamos pobreza multidimensional, que en estos 30 años nunca fue menor de 30% y en la actualidad afecta a uno de cada dos niños, lo que nos lleva a pensar cuál sería el conjunto de medidas que habría que tomar para poder trabajar sobre esta realidad".

La representante de Unicef sostuvo, además, que desde el Comité de los Derechos del Niño, en su última recomendación tras evaluar el cumplimiento nacional de la Convención, remarcó como deuda la "elaboración de la una ley de justicia penal juvenil acorde a los derechos de la infancia que no agrave las penas ni reduzca la edad de imputabilidad".

En el mismo sentido, el abogado Fabián Repetto, especialista en infancia reconoció "el conjunto de leyes sancionadas en Argentina que le dieron cuerpo a cada aspecto de la Convención", y enfatizó como deuda el 52,6% de niñas, niños y adolescentes bajo la línea de pobreza (según las últimas mediciones de Indec tomando como base el ingreso).

Repetto, quien fue designado como Defensor de los Derechos del Niño adjunto por la Comisión Bicameral conformada para esta elección, y cuyo nombramiento se espera que ratifique el Senado, reconoció la demora en la constitución de esta figura como una "tarea urgente en el plano institucional".

"Cuando se sancionó la Ley de Protección Integral en 2005 se estableció que el Defensor del Niño se debía implementar en 90 días y pasaron más de 14 años. Pero más allá de que finalmente comencemos a funcionar se necesitará que se asigne presupuesto correspondiente para poder llevar adelante la tarea", indicó Repetto.

Por su parte, Nora Schulman, especialista en infancia y directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn) recordó que al momento de su sanción, el tratado internacional "representó cambios importantes en la mirada hacia la agenda de niños y adolescentes en todo el mundo".

"Nos llevó años afinar el concepto del 'interés superior del niño' que al principio fue muy teórico, pero que luego pudimos ir bajando. Argentina generó leyes que permitió avances importantes y una institucionalidad del sistema de protección de derechos, pero a medida que pasaron los años estas instituciones se fueron quedando sin presupuesto, con personal mal pago y sin capacitación", describió Schulman.

Aunque reconociendo -al igual que los otros dos entrevistados- que la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue una política efectiva de transferencia de recursos, Schulman la marcó como "insuficiente".

"Hay que pensar al niño más allá de la alimentación, qué pasa en la escuela, en el sistema de salud, etc, y pensar políticas integrales en lugar de mirar cada aspecto de la infancia por separado", explicó.

En relación a la Convención, la especialista señaló que "desde Argentina se recomendará que se haga una "observación" (suerte de modificaciones anexas) sobre las niñas, con las problemáticas específicas y perspectiva de género que es un aspecto que le falta al Tratado, al igual que todo lo referente a las nuevas tecnologías".

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada en nuestro país por ley 23.849 en septiembre de 1990 e incluida en la Constitución Nacional en la reforma de 1994; se trata del tratado internacional más ratificado del mundo.