El equipo del Ministerio Público Fiscal y la querella particular requieron penas de cumplimiento efectivo para los catorce acusados de integrar una organización delictiva que fueron declarados culpables por quince hechos delictivos en febrero de este año. Para el líder de la banda, José “Chiqui” Forno, la fiscalía solicitó cincuenta años de cárcel, el máximo previsto en el Código Penal.

Al comenzar los alegatos de clausura el fiscal Guillermo Merlo explicó la modalidad a partir de la cual se dividió internamente al grupo es de tres segmentos: el líder y los dos integrantes que lo secundaban, los brazos ejecutores que integraban la asociación y los colaboradores ocasiones que participaron en la comisión de menor cantidad de hechos..

El fiscal jefe, Gustavo Herrera describió la modalidad en la cual se realizaron los hechos destacando principalmente la violencia desplegada mediante la modalidad “entradera”, en cual irrumpían violentamente a los domicilios de las víctimas y los golpeaban de forma salvaje. Herrera destacó que entre las víctima se hallaron tanto mujeres, como padres de familia agredidos frente a sus hijos y hasta ancianos de más de ochenta años de edad. Según refirió el fiscal, todos ellos hoy en día aun sufren las consecuencias psicológicas acaecidas por los hechos delictivos que los tuvieron como damnificados.

La fiscal Rocío Guiñazú y el abogado de la querella, Iván Chelía, expusieron sobre las condiciones personales de cada uno de los imputados y de las circunstancias que los llevaron a delinquir. La representante del Ministerio Público y el letrado particular sostuvieron que los imputados no robaron por necesidad económica sino que el móvil de los asaltos fueron la “codicia” y el “desprecio por la Ley” que quedó demostrado durante el juicio.

Finalmente, Merlo fue el encargado de requerir los montos de las penas para cada uno de los acusados. Al respecto destacó que la mayoría de ellos había participado en múltiples hechos y que eso debía tenerse en cuenta a la hora de solicitar una condena de forma compositiva. Además destacó que muchos de ellos contaban con antecedentes penales firmes por lo que debían unificarse con la sentencia que recaiga en este caso en concreto.

Para el líder de la banda – quien fue hallado responsable en nueve hechos – requirió cincuenta años de prisión, el máximo previsto en el Código Penal de la Nación. Para sus dos principales colaboradores, ambos declarados culpables en siete hechos cada uno, requirió la pena de cuarenta años de prisión.

Para los demás integrantes de la banda que fueron declarados responsables por asociación ilícita requirió penas que van desde los treinta y cinco años de cárcel a los quince años de prisión, de acuerdo al grado de participación que tuvieran en cada uno de los hechos y la cantidad de robos de los que hubieran formado parte.

Finalmente, para los colaboradores ocasionales quienes habrían facilitado información sobre los movimientos de las víctimas o auxiliado a los principales acusados solicitó penas que van desde los diez a los cinco años de prisión de acuerdo a las características de la responsabilidad de cada uno de ellos en los atracos.

Los representantes de la acusación también requirieron que los acusados afronten las accesorias legales y costas del proceso y el decomiso de los equipos de comunicación con frecuencia policial, los tres vehículos, las armas de fuego y la cartuchería, que fueron secuestradas en el marco de los cuarenta y siete allanamientos realizados en distintas ciudades del Alto Valle de Río Negro y Neuquén en 2016 y que sirvieron como uno de los principales sustentos probatorios para la investigación.

Se recuerda que uno de los acusados permanece en estado de rebeldía y que pesa sobre el mismo un pedido de captura. Hasta tanto el mismo no sea detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales de esta ciudad, no se podrá solicitar ni determinar el monto de la pena que le corresponderá cumplir.

Quince hechos delictivos

La compleja investigación llevada a cabo en conjunto por el Ministerio Público Fiscal de Cipolletti y la Brigada de Investigaciones de esta ciudad se centró en dilucidar el funcionamiento de una asociación ilícita dedicada principalmente a la realización de robos mediante distintas modalidades entre las que se encontraban “entraderas” con violencia contra las personas, robos a empresas mediante “boquetes” y entraderas sin violencia contra las personas.

En total, los catorce miembros de la organización delictiva fueron declarados culpables por dieciocho hechos delictivos: uno de ellos por la figura de asociación ilícita y los demás por distintos tipos de robos calificados.