La Fiscalía sostuvo solicitud de prisión preventiva en caso de asociación ilícita en Cipolletti

La audiencia de hoy se realizó a través del sistema de videoconferencias ante el flamante Tribunal de impugnación de la provincia y participaron de la misma el fiscal del caso, Guillermo Merlo, el defensor particular Juan Vincenty y los magistrados Mario Altuna, Miguel Cardella y Adrián Zimmermann.

La misma fue solicitada por la defensa que expuso en concreto dos agravios. El primero se relacionó con lo que el abogado entendió que una “indeterminación” en la acusación desarrollada por el fiscal debido a que no se había especificado que rol ocupaba cada integrante de la banda en la mencionada asociación ilícita. A lo anterior agregó que según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los delitos de asociación ilícita prevén que se genere una “alarma o temor” en la población y que los delitos de naturaleza económica – como serían las estafas – no podrían producir ese efecto.

Finalmente remarcó que al momento de dictarse la prisión preventiva, la fiscalía no fundamentó como se relacionaban las pruebas recabadas en el caso con los hechos que se habían formulado a sus clientes. Teniendo en cuenta lo anterior, Vincenty solicitó que se revoque la prisión preventiva.

El representante del Ministerio Público Fiscal, solicitó que el planteó de la defensa sea rechazado y que se confirme la prisión preventiva. Al primer punto, el fiscal mencionó que la defensa había omitido mencionar que se había realizado una segunda formulación de cargos el 22 de diciembre en la cual se había detallado la acusación con las pruebas recabadas hasta ese momento.

En este punto señaló por un lado que la misma no fue objetada por la defensa por lo cual se encuentra vigente a la fecha y por el otro que en esa oportunidad además de los delitos de estafas se describieron situaciones de distinta naturaleza como por ejemplo, amenazas y coacciones que no afectan el patrimonio, sino la libertad de las personas. Incluso, agregó, que en una de las intimidaciones a las víctimas se habría exhibido un arma de fuego que fue secuestrada durante una serie de allanamientos realizados en Cipolletti el 6 de diciembre.

Por otro lado, entendió que el recurso de la defensa carecía de validez toda vez que al momento de impugnar una resolución, en la misma se debe atacar las deficiencias técnicas de lo resuelto por el Juez y no cuestionar lo planteado por la fiscalía como habría sucedido en este caso. El fiscal señaló que no se escuchó una crítica seria y razonable a la resolución de la Jueza de Juicio Alejandra Berenguer en ocasión de resolver al revisión, sino que se aparentaba “buscar una tercera opinión” sobre la cuestión planteada. “En este audiencia se han reeditado los argumentos que la defensa planteó en la formulación de cargos y en la audiencia de revisión”, aseveró Merlo.

El Tribunal de Impugnación cuenta con un plazo de 20 días hábiles para resolver el planteo, mientras que se informa que el plazo de prisión preventiva dictada en diciembre vencería en principio el 7 de marzo, ocasión en la cual se puede solicitar una prórroga del mismo.

El 6 de diciembre la fiscalía encabezó una serie de ocho allanamientos en los cuales se secuestraron además automóviles de alta gama, una importante cantidad de documentación aprócrifa (, más un millón de pesos en efectivo y un arma de fuego. Al día siguiente se realizó la primer audiencia de formulación de cargos en la cual se dictó un plazo de prisión preventiva por tres meses. El 22 del mismo mes se realizó una segunda formulación de cargos en la cual – además del hecho de asociación ilícita – se imputaron once hechos de estafas y en tres de ellos, además también se les imputó el delito de coacción.

Según la acusación fiscal lo imputado conformaron una asociación ilícita que entre abril de 2016 y diciembre de 2017 se dedicó a realizar maniobras estafatorias mediante las cuales – intercambiando roles de forma sucesiva – engañaban a potenciales compradores provocando un perjuicio económico a cada uno. En muchos de los casos, los vehículos presentaban desperfectos técnicos, pero en otros los compradores observaban problemas al intentar registrar la compra de rodados porque sobre sus titulares registrales pesaban inhibiciones o embargos, o bien porque los vehículos tenían pedido de secuestro en investigaciones judiciales.