Farmacias

Este martes iniciaron las audiencias por el juicio de cesura de la pena contra las cuatro personas declaradas culpables por haber defraudado a la obra social provincial Ipross, a través de ventas simuladas de medicamentos.

La despedida de las prescripciones en papel será paulatina.

Luego de tres días de alegatos, concluyó este mediodía el debate oral y público que se llevó adelante contra cuatro personas acusadas por el Ministerio Público Fiscal de haber defraudado a la obra social provincial Ipross, a través de presuntas ventas simuladas de medicamentos.

Así lo aseguró Rubén Sajem, director del Centro de Profesionales Farmacéuticos Argentinos, quien pidió una regulación del sistema para que los laboratorios no incrementen los precios sin control.

Con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) número 70/2023, queda autorizada la venta de medicamentos de venta libre en otros comercios que no sean farmacias, además de que se podrán brindar ciertas prestaciones de salud en farmacias.

IPROSS confirmó que el servicio de farmacias para afiliados de la obra social funciona con normalidad y en ningún momento se interrumpió.

"Ante las noticias que reportan conflictos entre farmacias, obras sociales y prepagas", desde la obra social detallaron que "realiza los pagos a las entidades farmacéuticas y son estas entidades las que efectúan los pagos a las farmacias. Desconocemos el plazo de pago de cada cámara a su socio".

El IPROSS comenzó a implementar el nuevo sistema “Mis Validaciones” que reemplazará el Xeilon que utilizaban las farmacias adheridas a la Obra Social provincial.

El Gobierno Nacional habilitó, a través del decreto 185/2023, a que las farmacias suministren medicamentos contra recetas firmadas por veterinarios para uso en animales de compañía, informó el Senasa, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, a través de un comunicado.

Este viernes se conoció la resolución del juez que determinó que el juicio estará encabezado por un Tribunal Colegiado, atendiendo a la pretensión de la acusación que fija la pena posible en más de tres años de prisión de cumplimiento efectivo.

Como la situación epidemiológica y sanitaria es muy distinta a la del momento en que se dictó la resolución, el ministerio de Salud decidió volver al mecanismo anterior, que garantiza una mayor seguridad.

De esta manera queda sin efecto la resolución Nº 696/20 del 31 de marzo de 2020, dictada en el marco de la pandemia.