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El fiscal Martín Pezzetta y el adjunto de Fiscalía, Guillermo Ibáñez solicitaron hoy una pena de 23 años de prisión para el hijo de la víctima declarado culpable del homicidio de Lucinda Gutiérrez. La defensa solicitó 10 años, el mínimo legal previsto.
LocalesA la hora de evaluar la pena, los representantes de la Fiscalía valoraron la violencia ejercida durante le hecho, la vulnerabilidad de la víctima y los antecedentes penales del sujeto.
Pezzetta describió en cuanto a Gutierrez que se trataba de una mujer mayor, de 87 años, con problemas de salud que le impedían movilizarse con normalidad y que necesitaba de los cuidados de una persona que la acompañara durante el día. "La violencia utilizada durante el hecho fue excesiva e innecesaria", señaló el fiscal recordando además lo dictaminado por el Cuerpo de Investigación Forense respecto de los golpes sufridos por la mujer y que le ocasionaron la muerte.
Por otro lado, señaló que el imputado debería ser declarado reincidente por tercera vez y que a pesar de haber estado privado de su libertad y cumpliendo las condenas que pesaban en su contra, el hombre continuó cometiendo delitos. "Él sabía perfectamente las consecuencias de sus actos. El Estado le ha dado la posibilidad de rearse socialmente y el condenado no lo entendió y siguió cometiendo delitos", aseveró.
Estas circunstancias - según el fiscal - debian ser valoradas en contra del acusado a la hora fijar la pena y que esta se debía acercar al máximo legal previsto para el caso. Por lo anterior requirió la pena de 23 años de prisión efectiva.
La defensa representada por el defensor oficial, Sebastián Nolivo, entendió que la pena solicitada por la Fiscalía era desmezurada y que se estaba intentando valorar dos veces la violencia producida en el hecho, puesto que la misma ya estaba incluida en el tipo penal por el cual su representado fuera declarado culpable. Por otro alegó que no se puede valorar que el acusado haya purgado penas efectivas en otras oportunidades y que no se podía cargar sobre el imputado el hecho de no haberse resocializado. En este punto mencionó algunas falencias del servicio penitenciario a la hora de brindar tratamiento a los internos de los Establecimientos Penales.
Por lo anterior, solicitó el mínimo legal previsto, es decir 10 años cárcel. Al inició de sus alegatos, Nolivo adelantó que una vez dictada la sentencia, impugnarán la resolución.
El Tribunal integrado por los jueces Álvaro Meynet, César Gutiérrez Elcaraz y Sonia Martín informó que procederán a la lectura del fallo el próximo viernes 12 a las 11:30 horas en el edificio judicial de España y Urquiza de Cipolletti.
En junio de este año, el acusado del crimen fue declarado culpable del delito de homicidio en ocasión de robo. El hecho llevado a juicio ocurrió el pasado 9 de agosto de 2017, en la vivienda de la víctima, ubicada en Sargento Cabral al 1300 de Cipolletti. En esas circunstancias y con el fin de robar el dinero que la mujer de 87 años guardaba en su ropero, el acusado la asesinó mediante golpes de puño y patadas.
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