Tanto la fiscalía representada por Santiago Márquez Gauna y Guillermo Merlo y la querella a cargo de Oscar Pandolfi se opusieron y el Juez de juicio, Julio Sueldo rechazó el planteo.
Locales13/06/2018
En la audiencia desarrollada ayer, los defensores Hernán Pinolini y Pablo Agabios reeditaron los planteos realizados en la formulación de cargos por ante la Jueza de Garantías, Florencia Caruso, considerando por un lado la caducidad de la instancia procesal para la imputación de los delitos y el vencimiento del plazo de tres años para finalizar el proceso. Para lo anterior, tuvieron en cuenta la fecha de la denuncia radicada mientras regía el Código Procesal anterior, Ley 2.107.
Por lo anterior, consideraron que se debía dictar el sobreseimiento de sus clientes.
Tanto Marquez Gauna, como Merlo y Pandolfi coincidieron en que tal como se ha resuelto por prácticamente todos los Tribunales de la Provincia como así también por el Superior Tribunal de Justicia, comienzan a contar a partir del 1 de agosto de 2017, fecha en que entró en vigencia la Ley 5.020, por lo que el plazo de tres años para finalizar con los procesos culminaría el 1 de agosto de 2020.
“El Código Procesal Nuevo y el Código Procesal anterior no pueden aplicarse en simultaneo. El legislador previó esta situación y tal como fue resuelto por el Superior Tribunal de Justicia, en los casos en los que las investigaciones se readecuan al nuevo modelo acusatorio, los plazos comienzan a contar con la aplicación del nuevo Código”, sostuvo Merlo.
El magistrado interviniente, Julio Sueldo, rechazó los planteos de la defensa y resolvió que el proceso continúe. El mismo consideró que no se había realizado una críticaseria concreta y razonada al fallo de Jueza de Garantías, requisito mínimo para evaluar la procedencia de cualquier vía recursiva.
Respecto de la continuidad del caso, se informa que el próximo lunes se concretaría la formulación de cargos contra una de las acusadas quien no se encontraba en la zona en fecha 24 de mayo, cuando se realizara lo propio con los siete restantes consortes de causa.
La investigación encabezada por el Ministerio Público Fiscal encuadra en los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta y los acusados son representantes del Sindicato de la Fruta, quien a su vez son dirigentes de la Obra Social del mismo gremio.
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