Formulan cargos contra dirigentes del sindicato de la fruta en Cipolletti

En cuanto al hecho imputado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, surge que ocurrió entre los años 2006 y febrero de 2015, cuando los acusados valiéndose de la situación de poder que les deba administrar los fondos de la institución y actuando de forma organizada y con una división de roles predefinida, administraron de forma fraudulenta los fondos del sindicato y de la obra social del gremio, produciendo un beneficio económico propio y un perjuicio en los afiliados a los cuales representaban. El monto total de la maniobra alcanzaría el millón de pesos.

Por otro lado, Merlo destacó que los imputados no presentaban los balances de las cuentas del sindicato y de la Obra Social en clara infracción a la Ley 23,551 y contrariando el Estatuto de la institución.

Según señalaron, las maniobras defraudatorias consistíanen realizar pagos por horas no trabajadas a familiares y conocidos de los dirigentes quienes además no eran empleados ni afiliados al gremio y al pago de distintos servicios que no eran en benficio del Sindicato u Obra social, sino que eran para refacciones o adquisición de bienes particulares de los acusados. Además de lo anterior, el sindicato habría brindado la cobertura médica total para una persona que no se encontraba afiliada a la obra social, haciéndo facturar los gastos al carnet al presidente de la institución.

Por otro lado, el fiscal detalló una serie de movimientos en las cuentas bancarias por abultados montos de dinero los cuales no tenían una explicación clara del destino que tenían, según surgió de una pericia contable.

En total son ocho personas imputadas, por los distintos delitos, tres de los acusados lo están por ser líderes de una asociación ilícita y los restantes como integrantes de la misma. Por otro lado, los dirigentes que tenían a cargo la finanzas de la institución también fueron imputados por el delito de administración fraudulenta. En cuanto a la continuidad del proceso, se dispuso un plazo de cuatro meses para culminar con la investigación y avanzar con la realización del control de acusación.

Pedidos de sobreseimiento

Los defensores de los acusados realizaron un pedido conjunto de sobreseimiento por caducidad de instancia y por vencimiento de los plazos procesales. Puntualmente, argumentaron que si se tiene en cuenta la fecha de la denuncia se había vencido el plazo de tres años para finalizar el proceso, por lo que se debía dictar el sobreseimiento de sus clientes.

Tanto los fiscales como la querella, sostuvieron que el plazo de tres años se debía contar – tal como ya ha sido resuelto por distintos magistrados de toda la provincia y por el Superior Tribunal de Justicia – desde el 1 de agosto de 2017, fecha en la cual entró en vigencia el nuevo código procesal penal.