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La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el próximo jueves 26

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el jueves 26 de enero para resolver si abre el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el presidente Alberto Fernández .
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La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reunirá el jueves 26 de enero para resolver si abre el proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, mientras se estima que en la primera quincena de febrero se firme el proyecto que establezca esa admisibilidad.

"Vamos a comenzar la semana que viene el trabajo de la comisión de juicio político; como habíamos acordado, que sea en la primera semana del período de sesiones extraordinarias. Estamos trabajando para convocar para el 26, pero ese día no se vota la admisibilidad", señaló el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, en declaraciones a DiputadosTV.

El santafesino aclaró que "hay dos grandes etapas en el proceso a desarrollar. Una primera donde la comisión se expresa en el informe de admisibilidad, donde hay que poner en consideración los expedientes, escuchar a los autores de proyectos, lo que luego se traduce en la resolución interna de la comisión. Sin eso no se pasa a la etapa probatoria, que es la segunda instancia".

En el mismo sentido, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (Frente de Todos), precisó: "Estamos trabajando desde el primero de enero. Creemos que los chats entre Silvio Robles -asesor del presidente de la Corte, Horacio Rosatti- y Marcelo D'Alessandro -ministro de Justicia y Seguridad porteño- hablan de negociar el fallo que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires con los recursos coparticipables", indicó.

"El 26 de enero será la primera reunión de trabajo, el 2 de febrero se reciben a los autores de proyecto y el 9 sale el informe de admisibilidad sobre si las denuncias tienen sustento, y ahí se avanza a comenzar la investigación y la apertura de sumario", continuó, en declaraciones a AM530 Somos Radio.

Gaillard remarcó que la Cámara de Diputados "funciona como un fiscal" y el Senado "juzga en la segunda etapa. Diputados conoce el hecho, abre la investigación y emite dictamen acusatorio. Una vez que este eso, pasa al recinto".

Fuentes parlamentarias confirmaron a Télam que la intención del oficialismo es convocar a esa primera reunión para el jueves a las 10; en tanto hoy quedó oficializado el ingreso a la comisión del riojano Ricardo Herrera como reemplazante de la santafesina Vanesa Massetani, quien cedió ese lugar a su compañero de bloque por cuestiones personales.

El oficialismo tiene los votos en la comisión para iniciar el proceso pero en principio no lograría los dos tercios necesarios para avanzar en el recinto con el dictamen acusatorio.

El tema fue incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias -entre el próximo lunes 23 y el 28 de febrero-, así como el proyecto sobre la composición del Consejo de la Magistratura y el que establece la ampliación numérica del máximo tribunal.

El texto para iniciar el juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema, en base al documento impulsado por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores, ingresó formalmente el viernes pasado a la Cámara de Diputados.

El proyecto incluye los argumentos de la acusación y alternativas para avanzar en la investigación, entre ellas varias propuestas para la citación de diversos testigos.

La iniciativa, presentada por el diputado del FdT Eduardo Valdés junto a otros legisladores del oficialismo, consta de 410 páginas y propone citar a los cuatro jueces del máximo tribunal -Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- para que se presenten ante la comisión de Juicio Político de la Cámara baja, que llevará adelante la investigación.

La principal bancada opositora adelantó que participará del debate pero no dará quórum en la comisión, al interpretar que se trata de "un ataque a la Corte y a la institucionalidad" por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con el Poder Judicial.

 

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