La eliminación de un impuesto podría bajar los costos del combustible en la patagonia

La iniciativa consiste en reponer en la zona antes mencionada, la exención del Impuesto sobre los combustibles líquidos (ICL) en los términos establecidos mediante la ley 27.209 (la denominada ley Pichetto-Pereyra) del año 2015. Y esa misma exención aplicarla al dióxido de carbono, que hoy se aplica en todo el país.

Es que esta compensación para los habitantes de las provincias que producen combustibles fue prácticamente eliminada a fines de 2017, a través de la reforma tributaria de la anterior gestión del Gobierno Nacional.

Además de eliminar casi totalmente la exención establecida por ley, se sustituyó el impuesto al gas natural por un tributo nuevo, denominado Impuesto al Dióxido de Carbono, que grava con una suma fija por litro los mismos productos que gravan el Impuesto a los Combustibles (naftas, gasoil, etcétera) en todo el territorio nacional.

“La propuesta que presentamos consiste en reponer la exención del ICL en la zona patagónica, en los términos que lo había establecido la ley denominada Pichetto-Pereyra, y esa misma exención para zona patagónica aplicarla al dióxido de carbono, que hoy se aplica en todo el país”, explicó Weretilneck.

El exgobernador rionegrino planteó esta modificación legislativa a sus pares del Senado, en virtud de las condiciones específicas de la Patagonia: las grandes distancias existentes entre las poblaciones y otros centros urbanos de mayor densidad poblacional; el uso de automóviles como una necesidad y/o herramienta de trabajo y no como bien suntuario; el mayor costo de vida; el carácter de provincias productoras de hidrocarburos y la promoción de actividades tales como el turismo, la pesca y el transporte, al dotarlas de esta ventaja comparativa.

Los impuestos a los combustibles líquidos y al gas natural fueron creados en 1991. Tras sucesivas modificaciones, en 2015 se consiguió eximir de dicho impuesto a la región patagónica. Dos años después, quedó casi sin efecto por decisión del Gobierno Nacional.

De aprobarse este proyecto, beneficiará al área de las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe de la Provincia de Mendoza.