El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy sin prisión preventiva y embargó por 500 millones de pesos por presunta "administración fraudulenta" al exministro de Transporte del macrismo, Guillermo Dietrich, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.

"El encausado cumpliía una función pública y como tal, su principal y exclusivo objetivo, debió ser proteger los intereses y las arcas del Estado", sostuvo el magistrado en la resolución a la que accedió Télam.

Canicoba procesó a Dietrich esta mañana, poco antes de comenzar el trámite de declaración indagatoria de manera remota de otro imputado en el caso, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Dietrich fue indagado el viernes último, entregó un escrito y no respondió preguntas, luego de lo cual quedó ahora procesado como coautor de supuesta "administración fraudulenta".

Según dio por probado el juez tanto Dietrich como otros dos exfuncionarios ya procesados con anterioridad, el exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, habrían actuado "direccionando toda negociación y contratación".

Paralelamente, la Cámara Federal porteña confirmó al magistrado al frente de la causa, al rechazar recusaciones presentadas por Iguacel y Saravia Frías, quienes habían pedido apartar a Canicoba Corral del caso por temor de parcialidad a raíz de las declaraciones públicas que hizo cuando anunció su renuncia al cargo, que se efectivizará el miércoles próximo.

Al procesar a Dietrich, Canicoba sostuvo que "los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo".

De esta forma, se refirió a las firmas beneficiadas con la renegociación de las concesiones viales, Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste.

Dietrich, "quien al momento de los hechos se desempañaba como Ministro de Transporte de la Nación, y que fue quien aprobó y firmó los Acuerdos de Renegociación Contractual del Acceso Norte y Acceso Oeste, tenía bajo su órbita el cuidado de esos bienes e intereses ajenos", agregó.

En la causa se investiga el proceso de renegociación de los contratos, en el marco del cual los exfuncionarios "tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública".

Canicoba remarcó que, en este caso, debe hacerse la "salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación".

La firma de los acuerdos "permitió mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma", concluyó el juez.