El Gobierno Provincial avanza con estas sanciones haciendo uso de la Ley que se impulsó hace unos años para penar a las personas que incurren en este tipo de conducta, entorpeciendo el funcionamiento del sistema de llamadas de emergencia implementado en la provincia.

La norma establece multas de dinero e incluso hasta un máximo de 30 días de arresto. Las sanciones se duplicarán si se provoca engañosamente la concurrencia de la Policía, bomberos, asistencia sanitaria, protección civil o de cualquier otro servicio.

Por caso, recientemente se recopiló toda la documentación necesaria para identificar y sancionar a los autores de las falsas amenazas de bomba registradas en mayo pasado en dos establecimientos educativos de San Carlos de Bariloche, los que luego fueron desestimados por el personal policial.

El titular del RN Emergencias, Claudio Ramírez, explicó que “estas llamadas malintencionadas son de mucha gravedad y demandan un gasto de recursos para la Provincia, ya que ninguna llamada se sobreestima. Se moviliza personal, equipos de trabajo y se generan inconvenientes en la vida cotidiana de los vecinos”.