Una nueva guía práctica sobre la ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que promueve una mayor protección y su participación en el proceso penal, fue presentada hoy por el procurador general interino, Eduardo Casal, y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

El documento fue elaborado por la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección de Víctimas (Dovic), cuya titular, Malena Derdoy, sostuvo que la guía "da un marco normativo a las prácticas que ya se vienen haciendo y que reclamaban las organizaciones de la sociedad civil".

Por su parte, Garavano afirmó que "la protección, el acompañamiento y los derechos y garantías de las víctimas son cruciales y centrales en el proceso penal".

"Nosotros tenemos un compromiso muy grande. Creo que el deber del Estado es estar al lado y tratar de que se haga justicia, que no quiere decir venganza. No podemos olvidar que la víctima, en general, es una persona inocente a la que le tocó sufrir por diversas cuestiones", apuntó, citado por el sitio Fiscales.gob.ar.

Y agregó: "Es central acompañar a las víctimas y a sus familiares. Hoy están todas las victimas en pie de igualdad. Todas han sufrido y me parece que el Estado es el que tiene que reparar esa situación y tratar de que se haga justicia en el menor plazo posible. La gente, frente a un hecho trágico, necesita acompañamiento, asistencia, y en eso nos toca trabajar a todos juntos".

La ley 27.372, publicada en el Boletín Oficial el 13 de julio de 2017 y reglamentada mediante el Decreto 421/2018 del 9 de mayo de 2018, ratifica un rol procesal de la víctima que abandona la concepción tradicional, que la ubicaba como una mera fuente de información para la obtención y preparación del material probatorio.

La norma reconoce así a las víctimas de delitos una mayor participación en las decisiones y garantiza un "efectivo acceso a derechos como el asesoramiento, asistencia, representación, protección, verdad, acceso a la justicia, tratamiento justo, reparación y celeridad".

En esa misma línea, la ley establece tres principios rectores: "rápida intervención, enfoque diferencial y no revictimización, que deberán guiar la actuación de las autoridades y personas que interactúen con las víctimas de delitos".

Télam