Para el Gobierno es "un paso importante" la decisión de la Iglesia sobre los aportes

El gobierno nacional calificó hoy como "un paso importante y positivo" la decisión de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) de aceptar el "reemplazo gradual" de los aportes del Estado por otras alternativas.

Además, se destacó que las conversaciones con la Iglesia sobre este tema se dan en el marco de una "relación totalmente amistosa".

"Es un paso importante y positivo que se haya llegado a un consenso dentro del Episcopado", evaluó el secretario de Culto, Alfredo Abriani, en diálogo con Télam, en el que explicó que "no hay plazos ni términos de inicio" para la implementación del nuevo sistema.

La decisión de la Iglesia implica la renuncia a unos 130 millones de pesos que recibe cada año, en concepto de asignaciones a los obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera, lo que representa el 7 por ciento del total de los recursos que maneja el Episcopado.

Para el Estado nacional representa un 0,005 por ciento de su presupuesto.

Abriani precisó que se está trabajando en la definición de las alternativas que se aplicarán -que se mantienen en estricto hermetismo- y en "generar el marco legal para poder aplicarlas".

"No hay plazos ni términos de inicio. Por eso están garantizados los mismos fondos para el año que viene e incluso para el otro. No hay ningún apuro para la implementación por más que algunos quieran ver un conflicto en esto: que el Gobierno le saca a la Iglesia o que la Iglesia renuncia. No hay nada de eso, es una relación totalmente amistosa en torno a este tema y lo estamos trabajando seriamente", indicó el funcionario.

Las conversaciones comenzaron en agosto con un primer encuentro, solicitado por la Iglesia, entre el secretario ejecutivo del Episcopado, monseñor Carlos Malfa, y el entonces vicejefe de gabinete Mario Quintana.

Luego se conformaron dos equipos técnicos; uno del gobierno integrado por funcionarios de la Jefatura de Gabinete, el ministerio de Hacienda y la secretaría de Culto; y otro por parte de la CEA, conformado por religiosos, abogados y contadores. En tanto, hoy se conformó una nueva comisión pero integrada por obispos, que continuará el análisis del tema.

"Evaluamos varias alternativas, como los modelos de países como Italia, España y Alemania pero se descartaron porque están basadas en el impuesto a las ganancias, lo que acá limitaría mucho el universo de los aportantes", explicó Abriani.

En total ya se mantuvieron unas cinco reuniones en las se comenzaron a definir las alternativas que se aplicarán. "Una vez que estén funcionando hay que ver si son efectivas o no y recién ahí veremos en qué momento y gradualmente la Iglesia empieza a resignar el sostenimiento", añadió.

"Lo que se busca es un cambio de paradigma: pasar de la idea de que el Estado sostiene a la Iglesia al hecho de que el Estado genere los mecanismos o condiciones para que los fieles sostengan a los cultos", remarcó.

El sostenimiento implica las asignaciones a los obispados, a los seminaristas y las parroquias de frontera, pero no contempla el aporte a la colegios católicos que -según dice Abriani- "no implica un subsidio a los colegios católicos únicamente sino un aporte a la educación en general como bien público que hay que proteger". Tampoco implica un corte en los recursos que el Estado destina a organizaciones como Cáritas para la implementación de programas sociales.