La mujer habría aprovechado que los estudiantes – quienes pagaron el alquiler mediante transferencia bancaria - habían viajado a sus hogares durante las vacaciones para ingresar a la vivienda que ocupaban los jóvenes, retirar los elementos que había dentro y volver a alquilar el inmueble.

En total, la mujer debió abonar la suma de $50 mil, en cinco cuotas, pago que finalizó la semana pasada y fue debidamente recibido por los damnificados. La imputado fue una mujer de 76 años, quien es propietaria de un inquilinato de varios departamentos en calle Gabriela Mistral de esta ciudad.

Según denunciaron las víctimas, alquilaron una vivienda en julio de 2016 con el fin de radicarse en la región para estudiar una carrera universitaria. Con el fin de pasar las fiestas de fin de año en familia, los jóvenes regresaron a su provincia de origen en el norte del país, cuando la mujer aprovechó la prologada ausencia de los jóvenes para ingresar a la vivienda, retirar los muebles del lugar y volver a alquilar el departamento.

La imputación inicial se basó en cuatro delitos: usurpación, retención indebida, hurto y daño.

“El nuevo Código admite ante determinados casos aplicar salidas alternativas de resolución de conflictos. En este caso la mujer no tenía antecedentes, se trataba de un delito con penas leves y las víctimas aceptaron el ofrecimiento económico realizado por la imputada”, destacó Merlo.

Cumplida con la etapa de formulación de cargos y comprobado que a pesar de encontrarse fuera de la provincia, los damnificados abonaron el alquiler mediante transferencia bancaria, en la audiencia de control de acusación la defensa particular de la acusada ofreció una reparación económica de cincuenta mil pesos, que siendo informada a los damnificados, aceptaron con el fin de buscar una salida alternativa al conflicto.

Tras el pago del dinero acordado, la fiscalía solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad, teniendo en cuenta que la mujer no contaba con ningún tipo de antecedente penal a la hora de cometer los hechos.