Segundo embargo contra la Argentina en una semana por la deuda en default

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska habilitó el embargo de US$ 210 millones para que fondos buitre que no ingresaron en los canjes que hubo desde entonces se cobren parte de sus deudas por el default de 2001.

Se suma a la decisión del miércoles, cuando bonistas que habían demandado al país por el pago del cupón PBI en Londres lograron ejecutar una garantía de US$ 325 millones que el país había dejado para poder apelar el fallo en contra.

"La Juez Loretta Preska aprueba el embargo de USD 210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros USD 100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos USD 100 millones", informó Sebastián Maril, un especialista que sigue al detalle las demandas contra el país a nivel internacional.

Esos fondos que se embargan pertenecían a una cuenta que tiene el Banco Central en la Reserva Federal de Estados Unidos y se utilizaron en su momento para garantizar el pago de los bonos Brady.

Este miércoles los tenedores de los bonos denominados "cupón PBI", que ganaron el juicio contra el país en el Reino Unido, ejecutaron la garantía de 313 millones de euros (unos US$ 325 millones) requerida para apelar el juicio por 1.330 millones de euros que se había perdido en primera instancia. 

Como la apelación fue rechazada y se confirmó el fallo en contra, Argentina debe empezar a pagar.

Los demandantes fueron los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que tenían cupones PBI, que estaban atados al crecimiento. 

Es decir, recibían un pago en tanto la Argentina superara cierto porcentaje de crecimiento. Estos acreedores acusaron a Argentina de haberlos perjudicado al modificar la forma de medir el PBI y, en consecuencia, haberle pagado menos en 2013.

Los dos embargos sobre activos argentinos por juicios perdidos a nivel internacional llegan en la primera semana de trabajo del nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Santiago María Castro Videla, quien reemplazó al despedido Rodolfo Barra.

Uno de los casos más desafiantes es el de los US$ 16.000 millones que la Argentina debe pagar tras perder el juicio de los accionistas minoritarios por la estatización de la petrolera YPF, en 2012.