Culminó el control de acusación en una investigación contra dos ex funcionarios municipales de Cinco Saltos por el delito de administración fraudulenta. Se trata del ex intendente Germán Epul y el ex secretario de gobierno Diego Palacios. Se los acusa de haber dirigido una licitación para la compra de adoquines para beneficiar a una empresa que finalmente no entregó los materiales.

La teoría del caso de la fiscalía indica que la maniobra realizada por los representantes comunales consistió en camuflar un pliego de licitaciones para direccionarla en favor de una empresa. Esta no estaba inscripta entre los proveedores municipales y tampoco tenía como objeto social la venta de adoquines que era el producto a adquirir.

A su vez, la firma que resultó ganadora de la licitación no dio cuenta de la calidad de los materiales según las normas IRAM, siendo este uno de los requisitos que disponía el propio pliego. Al proceso, también se habían presentado dos empresas, que si bien cotizaron los costos en un monto mayor, efectivamente cumplían con todos los requisitos previstos en la normativa municipal.

Para los representantes del Ministerio Público, el ex jefe comunal abonó los materiales incumpliendo las ordenanzas locales toda vez que los pagos debían realizarse contra entrega de los adoquines. En conclusión, según la acusación, la empresa adjudicataria, que se denominaba Nalozano S.R.L, no realizó la entrega en la cantidad y la calidad estipulada produciendo un perjuicio millonario para el Municipio de Cinco Saltos.

Entre las evidencias recolectadas durante la investigación, la fiscalía adelantó que convocará a juicio a 16 testigos entre los que se encuentran ex funcionarios municipales, referentes de la empresa Nalozano y policías que intervinieron en la investigación. Además, se deberán analizar múltiples documentos municipales que acreditan los pagos realizados y la normativa legal comunal.

En los próximos días, el juez que interviene en el caso dictará el correspondiente auto de apertura a juicio. Desde ese momento, la oficina judicial estará habilitada para fijar la fecha del debate oral y público donde se resolverá el caso.

Teniendo en cuenta que la fiscalía solicitará una pena de más de tres años de prisión, en el juicio se solicitó la intervención de un tribunal colegiado, integrado por tres jueces profesionales.

El empresario

Durante la investigación también fue imputado el presidente de la empresa Nalozano, pero fue sobreseído.

En la formulación de cargos, el hombre prestó una declaración de descargo y explicó la maniobra desarrollada por los representantes municipales indicando que mediante presiones y engaños, lo llevaron a participar de la licitación y adquirir una maquinaria para fabricar adoquines.

Operativamente, nunca se alcanzó la calidad del producto requerida y finalmente la empresa se fundió, principalmente por esta operación comercial. Según indicó el hombre, la maquinaria finalmente quedó en poder de uno de los imputados.

Por lo anterior, será convocado al juicio para prestar declaración de lo ocurrido.