“Somos respetuosos de las decisiones del sindicalismo y del derecho a huelga. Entendemos y compartimos la incertidumbre imperante y la angustia que afecta a buena parte de nuestra población, pero no creemos que un paro sea el instrumento que vaya a revertir esta situación”, resaltó el titular de CAME, Alfredo González.

En ese sentido, el empresario consideró "que el paro general del miércoles 24 de enero -que implicará un día sin producción y sin actividad comercial- conllevará una pérdida económica mayúscula para el país".

"Nuestras pymes necesitan trabajar, ya que sin trabajo no hay ingresos", añadió.

En el comunicado, la CAME difundió que las ventas minoristas tuvieron en diciembre una merma anual del 13,7% en la medición de precios constantes.

La producción de las pymes también cayó 26,9% en la variación interanual de diciembre, según datos de la entidad que agrupa a más de 400.000 pymes del comercio y los servicios, el turismo, las economías regionales, la industria y la construcción de todo el país.

Otro pronunciamiento critico con el paro fue el de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria (CCIA) de San Rafael, Mendoza, que consideró que con la medida de fuerza los dirigentes gremiales lo que buscan es "claramente en salvaguardia de sus privilegios corporativos y alejada al operario común, sostén de la actividad económica".

En un comunicado, la cámara mendocina respaldó además las reformas económicas que el Gobierno intenta llevar adelante a partir del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 y del proyecto de Ley Ómnibus.

"Las medidas presentadas a la sociedad son el principio de una reforma estructural que avizora una firme creación del empleo privado, la reducción de la litigiosidad vincular, y las nuevas contrataciones", afirmó la entidad cuyana.

En el documento rubricado por el Directorio de la cámara empresaria de San Rafael, ciudad ubicada a 230 kilómetros de la capital provincial, se señaló que "las organizaciones sindicales no han dado en estos últimos cuatro años muestras concretas de brindar soluciones a sus agremiados; todo lo contrario, han sido funcionales a las políticas públicas, en tanto y en cuanto no se toquen sus intereses sectoriales y particulares".

"Por ello, valoramos las correcciones propuestas por el Gobierno nacional para eliminar políticas intervencionistas, convocando a todos los partícipes a un profundo diálogo que se transforme en propuestas que beneficien bajo el amparo del bien común a los ciudadanos argentinos, rechazando el modo de ejercer el derecho de huelga sin causa fundada imputable al empleador", añadió la CCIA.