La Suprema Corte de Justicia resolvió cerrar y archivar la causa por el crimen de Atahualpa Vinaya

La Corte Suprema de Justicia resolvió este martes cerrar y archivar la causa por el asesinato del joven Atahualpa Martínez Vinaya, ocurrido el 15 de junio de 2008, en las afueras de la ciudad de Viedma.

En octubre de 2020, el fiscal, Fabricio Brogna, elevó un recurso de queja que fue desestimado por falta de pruebas.

Atahualpa tenía 18 años y cursaba el quinto año del secundario cuando, el 15 de junio de 2008, su cadáver fue hallado con un balazo calibre .22 en la espalda, en un descampado de las afueras de la capital de Río Negro.

El caso llegó a juicio oral en 2014, con tres imputados civiles, dos hombres y una mujer, que fueron absueltos "por falta de pruebas".

Julia Mosquera, abogada de la familia de Atahualpa Martínez, indicó al referirse a la causa judicial que “buscábamos verdad y Justicia no venganza. En el 2019, en el segundo juicio, no acusamos porque no teníamos pruebas por lo mal que se actuó en el 2008”.

“La Fiscalía en su momento decidió sostener la acusación y la Corte sostuvo que no hay pruebas”, explicó en dialogo con la prensa.

Para Mosquera, esa falta de evidencia frente a los tres acusados “fue por las irregularidades y todo lo que no se hizo en el momento de asesinato, es imposible que se vuelva a producir”.

Por su parte, Laura Vinaya, prima de Atahualpa, sobre la decisión de la Corte, sostuvo que “no dejemos que la impotencia nos gane. Mirémonos entre nosotros que estamos de este lado y veamos cómo podemos vivir mejor desde nuestro lugar”.

También recordó la lucha de Julieta Vinaya, madre de Ata, que falleció en el 2018: “Ella lo anticipó y allí empieza a morirse, su gran motor era encontrar justicia. Ella nos acompaña”

“Estas respuestas del Poder Judicial a la comunidad pobre que es la mayoría, dice que no son personas, esa es la violencia que hay que terminar”, completó Julieta.

Por este caso, la justicia rionegrina procesó en 2012 a Felipe Carrasco, Carlos Morales Toledo, César Alberto Valla y Belén Barrientos, en el año 2014, el tribunal formado por los jueces Juan Bernardi, Eduardo Roumec y Rolando Gaitán los absolvió porque “no habían elementos que relacionen a la víctima con los acusados”.

A fines de ese mismo año, la Legislatura provincial conformó una comisión investigadora con el objetivo de analizar el expediente, los mecanismos y las prácticas utilizadas para la investigación del caso, que luego reveló una serie de errores procesales, y en diciembre de 2015 se formuló una denuncia para que se inicie un sumario a los funcionarios judiciales que intervinieron en la causa.

En abril de 2016, el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro anuló el fallo absolutorio y ordenó que se reabra la causa con la incorporación como prueba de una campera con ADN que fue secuestrada en el domicilio de uno de los acusados y que había sido desechada en el juicio oral.

A fines de abril de 2019 se realizó un segundo juicio por el que Carrasco y Morales Toledo fueron absueltos, mientras que Barrientos no fue acusada por la fiscalía, por el tribunal que integraron Carlos Mussi, Marcelo Valverde e Ignacio Gandolfi.

Esta sentencia absolutoria tuvo serios planteos al accionar de la fiscal de la causa Daniela Zágari, actuación que derivó en juicio político, porque no llegó a ubicar a los acusados en el mismo lugar donde se vio por última vez con vida al joven; sólo presentó “ciertos indicios”.

El 18 de febrero de 2020, el Consejo de la Magistratura de la Primera Circunscripción Judicial suspendió el juicio político a la jueza Daniela Zágari luego de que la Justicia admitió un recurso de amparo presentado por la magistrada, quien actuó como fiscal de instrucción de la causa por el homicidio en 2008.

Finalmente, en diciembre de 2022, la Justicia de Río Negro condenó a la Provincia a pagar seis millones de pesos a la familia de Atahualpa Martínez por los daños ocasionados por la "falta del servicio judicial", producto de las frustradas investigaciones y procesos señalados.