La progenitora de la menor fue consultada previamente a la celebración de este juicio abreviado y manifestó su conformidad a la consecución del mismo que evitará que la adolescente deba ser protagonista de un debate oral y público con la consecuente revictimización que ello implica.

La condena requerida por el Ministerio Público Fiscal y convenida con el defensor particular del acusado, incluye pautas de conducta por el término de dos años que implican además de fijar domicilio, la prohibición de mantener contacto con la víctima de manera personal, por cualquier medio e incluso a través de terceras personas y la obligación de realizar un tratamiento psicológico.

En cuanto a su labor en la institución educativa, cuyas autoridades anoticiaron del caso al Consejo Escolar de forma inmediata y prestaron declaración en el marco de la investigación preliminar, el imputado fue inmediatamente suspendido de su labor y la cartera educativa inició un sumario por los hechos. La condena judicial, una vez notificada la sentencia, será remitida a la Junta de evaluación correspondiente para la continuidad de dicho trámite.