La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche Tehuelche de Río Negro, junto a organizaciones sociales, realizó hoy en Bariloche una rueda de prensa en repudio al accionar de las fuerzas de seguridad en el operativo de desalojo de Villa Mascardi, que concluyó con siete mujeres detenidas.

Además, desde la entidad adelantaron que en las últimas horas pidieron conformar una mesa de diálogo con autoridades del Ejecutivo nacional y del Gobierno rionegrino para el próximo 12 de octubre.

La conferencia se realizó cerca de este mediodía en la sede de la Universidad Nacional del Comahue, en Bariloche, y congregó a integrantes de distintas comunidades originarias de la provincia.

En las últimas horas de ayer, cuatro de las siete mujeres detenidas durante el operativo de desalojo fueron trasladadas al penal federal de Ezeiza.

Por otra parte, otras dos mujeres no fueron trasladadas debido a que ambas tienen bebés de pocos meses y son lactantes, pero continúan detenidas.

Mientras que una última mujer, con un embarazo avanzado, se encuentra internada en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche.

Los abogados defensores ya apelaron la medida de la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, quien ordenó el traslado de las detenidas.

Al referirse a la decisión judicial, el werken (vocero) del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, aseguró que "son días muy difíciles para nosotros como pueblo, lo que está pasando es una reminiscencia de la Campaña al Desierto".

Carriqueo criticó además una serie de medidas que la jueza ordenó desde el martes por la tarde, tras las detenciones realizadas en los predios de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi,

En particular, el vocero de la entidad reprochó que en las últimas 24 horas se hayan producido "una incomunicación, un secreto de sumario, una tardanza para que habiliten a la defensa, para no darle intervención a la causa".

Carriqueo dijo que "la impunidad" causa "dolor" al pueblo mapuche y pidió que intervenga en el conflicto "la Secretaría de Derechos Humanos de la Argentina".

Por último, Carriqueo advirtió que "la violencia en este territorio siempre la ha impuesto el Estado" y contó que están llamando a las comunidades a "fortalecer su espiritualidad, porque ahí vamos a encontrar la templanza para encontrar el camino del diálogo".

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los abogados de las cuatro mujeres trasladadas a Ezeiza interpusieron un habeas corpus correctivo contra esa decisión.

Desde el CELS acusaron que las cuatro mujeres de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu fueron trasladadas desde su territorio, en los alrededores de Bariloche, al penal de Ezeiza "de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada por autoridades de la Policía Federal Argentina en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva".

Por su parte, un grupo de mujeres que forman parte de la Confederación Mapuche de la provincia de Neuquén repudió "la represión" y el traslado a Ezeiza de esas cuatro detenidas.

Las mujeres se concentraron al pie del monumento al General San Martín, en el centro de la capital neuquina, para dar a conocer una carta dirigida a las autoridades nacionales.

Las participantes de la protesta denunciaron "el traslado de 'pu lamgen' (hermanas) detenidas, desde Furilofche (Bariloche) hasta Buenos Aires, como ya lo hicieron con el genocidio de hace apenas 140 años".

Al referirse al desalojo realizado en la zona de Villa Mascardi, sostuvieron que la represión "está mostrando nuevamente sus mecanismos punitivos, racistas y patriarcales, y una supuesta justicia que no para de vulnerar todos nuestros derechos como pueblo, como niñes y como mujeres mapuche".

Además, exigieron "el retorno de nuestras hermanas y que el proceso judicial con el que arremeten y criminalizan la defensa territorial sea en la ciudad de Bariloche, cercana al territorio del que ya fue despojada la comunidad".

Durante la marcha, las mujeres cuestionaron "profundamente el cautiverio de la 'lamgen' Romina Rosas con 40 semanas de gestación, propio de la última dictadura militar, privándola de su derecho a parir en libertad y según nuestra concepción y sistema de salud mapuche".