Según se informó en un comunicado "desde el año 1981 cuentan con un ocupante fiscal"; además "las personas que allí se encuentran no están privadas de su libertad" y seis pedidos de "habeas corpus ya fueron rechazados por diversos jueces".

La ocupación se realizó en un campo identificado como lote 103 y 104, y "al día de la fecha no hay documento alguno que vincule de manera ancestral esas tierras con la comunidad indígena Lof Quemquentreu", destacó la procuración provincial.

En ese sentido se explicó que "el Estado Argentino sancionó en el año 2006 la Ley 26.160 para formalizar el relevamiento territorial de comunidades indígenas dando respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país".

La ley de emergencia es de carácter transitorio, y fue prorrogada en tres oportunidades con vencimiento en el mes de Noviembre de este año.

En ese marco, "en los 15 años de funcionamiento, nada consta acerca de que la Lof Quemquentreu sea propietaria ancestral de esas tierras, por lo tanto para el Estado, ese lote no pertenece a ninguna comunidad indígena", se precisó desde el Ministerio Público.

Asimismo se apuntó que "el ingresar a dichas tierras en horas de la madrugada y en comunidad de acción, el mencionado grupo estaría cometiendo el delito de usurpación, descripto en el Artículo 181 inciso 1 del Código Penal Argentino que requiere de la intervención del Ministerio Público para hacerlo cesar".

En este sentido los días 19, 20 y 21 de septiembre se intentó una resolución pacífica del conflicto cuando representantes de la Fiscalía Descentralizada ingresaron para mantener un diálogo con quienes allí se encontraban, y se definió que "ninguna de las personas que ocupan esas tierras se encuentra privada de su libertad".

En ese sentido, se recordó que la justicia dispuso que "quienes se encuentran ocupando por vías de hecho las tierras de Cuesta del Ternero deben salir de ellas para satisfacer sus necesidades básicas", ya que "las personas que allí se encuentran lo hacen por propia voluntad y nada les impide movilizarse".

El pasado viernes 24 de septiembre, una autorización judicial permitió a la fiscalía ingresar al lugar para identificar a cada uno de los ocupantes y notificarlos de que se encontraban "cometiendo un delito".

En el texto se aseguró que la justicia constató que "dos de las 12 personas que allí se encontraban, entre ellas un niño de 8 años cuyos derechos, fueron protegidos con la presencia del Defensor de Menores de El Bolsón; abandonaron el lugar por propia voluntad", y que "otras cuatro fueron aprehendidas y cinco huyeron para evitar ser imputados".

Horas más tarde, se formularon cargos sin la presencia de las mujeres, fueron imputados quienes habían sido aprehendidos y luego recuperaron su libertad.

En ese maco la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), EL Concejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas (CODECI) y el Parlamento Mapuche, presentaron en los últimos días cinco pedidos de "Habeas Corpus" ante los Tribunales de Bariloche y El Bolsón reiterando la solicitud de ingresar al lugar para llevar alimentos y abrigo.

Pero, "todos ellos fueron rechazados por diversos jueces provinciales, en su mayoría in limine", concluye la información de la procuración provincial.