Darío Martínez ratificó que no habrá nuevas subas en combustibles ni en tarifas de luz y gas

El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que la suba en el precio del petróleo y otros factores presionan al alza de los combustibles, pero sostuvo que el Gobierno no planea autorizar nuevos aumentos para la nafta en el segundo semestre, a la vez que ratificó que no habrá aumentos de tarifas de luz y gas en lo que resta del año por el contexto de pandemia.

En declaraciones al diario Río Negro, el funcionario señaló que el barril Brent, que hoy cotiza en US$ 74,1 dólares, mete presión al precio en los surtidores, como también la situación de los biocombustibles y la carga impositiva, pero insistió en que no habrá nuevos aumentos para la nafta y el gasoil.

“Nosotros creemos que en el segundo semestre del año no debería haber aumentos de combustibles. Y el precio actual debería ser así hasta fin de año”, remarcó Martínez.

Indicó luego que, para la segmentación de tarifas de gas, habrá que esperar, y explicó: “Queremos hacer un uso inteligente de los subsidios, es un proceso complejo de armado de base de datos que nunca se hizo y, en un contexto de pandemia, es más difícil todavía”.

En referencia al proyecto de ley de Promoción de Inversiones en el sector hidrocarburífero, Martínez comentó: “Elaboramos un borrador que tiene varias alternativas y estamos esperando la validación con las autoridades máximas de Gobierno y luego ahí volvemos con las productoras, provincias, trabajadores, Pymes, cámaras y todos los involucrados"

El secretario precisó que el nuevo marco legal “va a tener instrumentos para incentivar la producción individual y colectiva (incluida la convencional), la inversión y las exportaciones;”, con estabilidad fiscal, arancelaria y cambiaria.

“Habrá tratamientos diferenciales del impuesto a las Ganancias y las retenciones, y un capítulo para proyectos especiales, como depósitos subterráneos para producción de gas, industrialización y desarrollo off shore, y un estímulo para los pozos de baja productividad", agregó.

Sobre el proyectado gasoducto de Vaca Muerta, el funcionario lo calificó como una “obra clave”, y confirmó que se está buscando financiamiento “que puede ser de China, con la que se firmó un memorándum de entendimiento, ya que puede demandar entre US$ 3.000 y US$ 3.500 millones.

Incluyó en esta materia la necesidad de ampliar el gasoducto San Martín para aumentar la capacidad de transporte de la Cuenca Austral; el Central hasta San Jerónimo, probablemente en dos años; y la repotenciación del GNEA.

Martínez, por otra parte, dijo que este año confluyeron la baja hidraulicidad, la salida de servicio de la central atómica de Embalse por mantenimiento, la menor producción de Bolivia y un paro portuario.

En ese marco, para sobrellevar la demanda de gas durante el invierno, se realizaron 47 compras de GNL (gas natural licuado) a un precio de US$ 7,46 el millón de BTU, valor "importante, pero bastante más bajo que el que hay en el mercado".

“El Plan GasAr está dando sus frutos y logramos frenar el declino de la producción. Estamos estudiando una nueva ronda de la subasta para el invierno de 2022, con volúmenes crecientes, y pensamos institucionalizar esta buena herramienta en la ley de promoción”, añadió.

En cuanto a los proyectos de energías renovables, explicó que la intención del Estado es realizar un análisis preciso sobre el avance de los emprendimientos que aún están en obra, y adelantó: "Estamos lanzando una convocatoria voluntaria para la rescisión de contratos que no vayan a realizarse dentro de lo que estaba previsto".

Martínez consideró que el esquema puesto en marcha por el Gobierno anterior "en muchos casos estaba pensado más para hacer un negocio financiero, muchas empresas entraron sólo para vender el proyecto, y eso no es bueno porque encarece la energía, ya que hay que cobrar esa diferencia innecesaria, ya sea en las tarifas o a través de subsidios que se solventan con impuestos".

La idea, concluyó, es detectar cuáles continuarán, cuáles tendrán habilitaciones parciales o modificación de plazos, para poder liberar las redes de transmisión de potencia reservadas, ya que eso impide el avance de otros proyectos.