Confirman el procesamiento de ex gremialistas de Río Negro por presunto lavado de activos
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó el procesamiento de los ex gremialistas del Sindicato de la Fruta de la provincia Rubén López y Juan Lescano e integrantes de sus familias y ordenó litigarlos por presunto lavado de activos.
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca confirmó el procesamiento de los ex gremialistas del Sindicato de la Fruta de la provincia Rubén López y Juan Lescano e integrantes de sus familias y ordenó litigarlos por presunto lavado de activos, informaron hoy fuentes judiciales.
El juez federal Hugo Greca atribuyó a los procesados "movimientos bancarios de millones de pesos sin justificar, beneficios apócrifos de dinero, compra de innumerables lotes, empresas fantasmas, compra de autos de alta gama y decenas de maniobras comerciales sospechosas".
La investigación estuvo a cargo del fiscal Alejandro Moldes, quien realizó un estudio pormenorizado de los informes elaborados por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de una investigación periodística de 2015.
La medida alcanzó a la ex pareja de López, Silvia Weisser, a su hija Karol López, al hijo de Juan Lescano, Alejandro Lescano, y al contador Gustavo Buceta, embargados en 200.000 pesos.
La Cámara Federal valoró entre otros aspectos que "Silvia Weisser es fundadora y socia gerente desde el año 2013 de la empresa KAV Servicios SRL, a quien entre 2014 y 2016 se hicieron pagos por supuestas ventas de fruta que no cuentan con respaldo documental".
También, se mencionó que Weisser "es accionista y presidente, desde 2014, de Ohana SA, a la cual donó 11 inmuebles que había adquirido a la Municipalidad de Fernández Oro, además comprar en septiembre de 2011 cuatro inmuebles al Banco Nación mediante cesión de créditos".
Asimismo, la Justicia concluyó que Karol López "fundó con su madre las dos sociedades, que habrían sido creadas con el fin de lavar los activos obtenidos ilícitamente por Rubén López".
En ese marco, "se encuentra demostrada la hipótesis del delito de auto lavado de activos en 2011 y la presunción de que se puso en circulación activos obtenidos de una administración fraudulenta; los acusados incrementaron su patrimonio sin una actividad económica justificada", indicaron las fuentes.
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