Las máquinas embargadas a Lázaro Baez serán utilizadas por Vialidad Nacional en la Patagonia
Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal porteña respaldaron la decisión que había tomado el juez federal Sebastián Casanello, cuando éste dispuso que los bienes secuestrados sean puestos en manos del Estado nacional.
La Cámara Federal porteña confirmó la decisión judicial de disponer que la maquinaria vial secuestrada a las empresas del detenido Lázaro Báez sea entregada a la Dirección de Vialidad Nacional (DVN).
Los jueces de la Sala II de la Cámara respaldaron la decisión que había tomado el juez federal Sebastián Casanello, cuando éste dispuso que los bienes secuestrados sean puestos en manos del Estado nacional.
Serán entregadas a la DVN las máquinas de las firmas Austral Construcciones S.A. y Kank y Costilla S.A., que fueron embargadas como consecuencia de los procesamientos dictados al detenido Báez por el delito de lavado de dinero.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun sostuvieron que con la medida se logra "asegurar las enormes sumas embargadas sujetas ", pero también adelantarse a la posibilidad de un, tras el proceso judicial, se ordene un decomiso en favor del Estado.
"No puede soslayarse que en nuestros días existe un fuerte reclamo social que, a la par de repudiar estas conductas (posible corrupción), exige que se atienda a las necesidades de la comunidad", sostuvieron los magistrados en su fallo de cinco páginas.
Los camaristas también resaltaron que Vialidad Nacional se comprometió utilizar la maquinaria secuestrada "en beneficio de la comunidad, como el de la campaña invernal que se va a desarrollar en la Patagonia".
La entrega fue ordenada en carácter de depositario judicial, es decir que no es definitiva, sino que se dispuso que el cuidado y preservación de la maquinara que ese encuentra en Santa Cruz quede a cargo de la Dirección de Vialidad Nacional.
En septiembre pasado, el juez federal Sebastián Casanello le había pedido a la DNV que realice un revelamiento de toda la maquinara que le fue secuestrada a la empresa Austral Construcciones para determinar si era posible utilizarla.
La propia Vialidad Nacional había solicitado ser considerada como una eventual depositaria de esas maquinarias con la excusa de que serían útiles para terminar de obras viales que quedaron inconclusas.
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