El juicio se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal 2 de la ciudad balnearia, integrado por los jueces Alexis Simaz, Néstor Jesús Conti y Roberto Falcone, y contará con la presentación de más de 100 testigos.

Entre los imputados hay una decena de ex funcionarios y empleados municipales acusados de integrar una asociación ilícita que tramitaba y vendía irregularmente los carnets.

También está imputado Bal, en su caso por conducir con un carnet presuntamente falso, cuando fue interceptado en un control de tránsito en 2015.

La causa 4601, conocida como "Licencias truchas", investiga la existencia de una organización criminal que tramitaba e imprimía registros de conductor para personas que no cumplían con los exámenes y trámites obligatorios e incluso algunas que tenían algún tipo de discapacidad.

La investigación comenzó en abril de 2014 en la Fiscalía de Delitos Económicos de la ciudad, y según pudo acreditarse en la instrucción las licencias "eran tramitadas irregularmente en el Distrito Descentralizado El Gaucho", dependencia perteneciente a la Municipalidad de General Pueyrredón.

El descubrimiento de esa trama delictiva incluyó una auditoría que puso la lupa sobre al menos 7.000 licencias emitidas en la ciudad.

Los imputados en la causa fueron en principio 25, entre ellos 17 funcionarios y empleados municipales.

Tras la elevación a juicio del caso, siete de los imputados solicitaron y acordaron algún tipo de probation, mientras que seis funcionarios que fueron desplazados a partir de este caso acordaron una pena bajo la modalidad de juicio abreviado.

Los restantes deberán enfrentar desde el miércoles el juicio oral en el sexto piso de los tribunales locales, y entre ellos estará Juan Carlos Belmonte, procesado por liderar esa asociación cuando era titular del distrito El Gaucho, durante la gestión municipal de Gustavo Pulti.

En el caso de Bal, está imputado por utilización de instrumento público falso agravado, y deberá estar presente el miércoles en el inicio de las audiencias, acompañado por sus abogados Aldo Alfredo Fernández y Juan Ignacio Giovanettoni.

Bal declaró en octubre de 2015 en el marco de esa causa y dijo que había tramitado "un carnet legal".

El representante del Ministerio Público durante el debate oral será el fiscal Marcos Pagella, mientras que la Municipalidad de General Pueyrredón actuará como particular damnificado y estará representada legalmente por Silvia Mabel Forconi.