Según indicó el fiscal jefe que participó de la audiencia sostuvo que el hecho ocurrió el martes (28/06) pasadas las ocho de la mañana en el interior del domicilio del imputado. El hombre mediante una serie de violentos golpes con un elemento contundente dio muerte a quien había sido su ex pareja.

El hombre se trasladó a bordo de un vehículo marca Renault a un lugar alejado y de difícil acceso de la zona rural de Catriel donde enterró el cuerpo intentando ocultarlo.

A la hora de indicar la evidencia el fiscal indicó que en horas del mediodía del martes 28 de junio se radicó una presentación en sede policial en la cual se daba cuenta de la desaparición de Angela Patricia Rendón Rodríguez. Ese mismo día pero por la tarde, la ex pareja de Rendón fue aprehendido en uno de los ingresos a la ciudad de Catriel mientras intentaba evadirse de un control policial.

En las últimas horas de ayer (miércoles 29) el imputado brindó información sobre el lugar donde se hallaba el cuerpo de la víctima, por lo que organizó un operativo nocturno encabezado por representantes del Ministerio Público Fiscal e integrantes de la Policía de Río Negro. De la diligencia participó el acusado quien ubicó el lugar donde había semienterrado el cuerpo de la víctima.

La fiscalía encuadró el caso como un femicidio, delito que prevé la pena única de prisión perpetua.

Teniendo en cuenta que en caso de recaer condena la misma sería indefectiblemente de cumplimiento efectivo y que en el caso se hallan presentes los riesgos procesales de riesgo de fuga y de entorpecimiento a la investigación, el fiscal jefe solicitó que el hombre permanezca detenido.

La defensa planteó nulidades, sostuvo la inocencia del imputado y expuso una hipótesis alternativa, que finalmente fue desestimada por la magistrada interviniente.

La Jueza de Garantías que dirigió la audiencia tuvo por formulados los cargos en los términos expuestos por el Ministerio Público Fiscal e hizo lugar a la prisión preventiva del acusado. Además dispuso que el plazo de investigación se fije en cuatro meses, periodo en el que se prevé avanzar en la etapa de control de acusación previa al juicio oral y público.