La iniciativa forma parte de un combo de tres leyes que fueron presentadas por la Mandataria buscando regular la intervención de la Provincia en la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.

El etiquetado de viviendas es un procedimiento para la evaluación, caracterización e identificación del nivel de eficiencia energética de los inmuebles. El esquema incluye a las casas existentes o en proyecto de construcción, sean públicas o privadas.

Se aplicará una Etiqueta de Eficiencia Energética de Inmuebles cuyo formato, requisitos y procedimientos para la obtención, así como su vigencia, será establecida por vía reglamentaria.

También se dispone un Índice de Prestación Energética (IPE) definido como la cantidad estimada de energía primaria que demandaría la normal utilización de un inmueble durante un año y por metro cuadrado, satisfaciendo las necesidades asociadas únicamente a calefacción invernal, climatización estival y agua caliente sanitaria e iluminación, según niveles de confort establecidos por las mejores prácticas vigentes y estándares internacionales.

Esta etiqueta, establece la clasificación del nivel de eficiencia energética alcanzado expresada en letras (con siete categorías), donde la letra A representa valores de IPE más bajos o mayor nivel de eficiencia, y la letra G valores de IPE más altos o menor nivel de eficiencia energética.

Cualquier intervención y modificación que se realice en un inmueble que ya fue evaluado puede modificar la categoría asignada. El Estado emitirá una nueva etiqueta en función del resultado de la certificación.

Se creará además un Registro Provincial de Etiquetas de Eficiencia Energética de Inmuebles (REPEEI), y cada inmueble que cuente con esta clasificación gozará de la bonificación en el Impuesto Inmobiliario que determine la reglamentación de la Ley.

La Certificación de Eficiencia Energética de un inmueble consistirá en la determinación del IPE y en la emisión de la etiqueta. Este certificado será emitido con procedimientos de cálculos o aplicativos informáticos suministrados por la Secretaría de Estado de Energía y visado por el colegio Profesional correspondiente.

Adaptación al cambio climático
Esta medida forma parte de una política pública activa para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero y la adopción de medidas de adaptación frente al cambio climático, específicamente en cuanto a acciones que promuevan la edificación sostenible.

Se propone aportar una herramienta con capacidad de caracterizar y brindar información a los usuarios acerca de las prestaciones energéticas de un inmueble, de modo que se pueda incorporar en el diseño, construcción y habitabilidad conceptos de sustentabilidad y ahorro energético.

Todo esto, aportará también a la reducción de los costos de operación y mantenimiento durante toda su vida útil, además de optimizar el uso de los recursos naturales y minimizar los impactos ambientales.

Esta regulación permitirá cuantificar las prestaciones energéticas de los inmuebles, y así construir una línea de base que servirá como referencia para elaborar políticas públicas y direccionar mecanismos de incentivos diversos, orientados al ahorro y el uso racional y eficiente de los recursos energéticos.

Por otro lado, con el proyecto también se buscará intervenir en el ámbito de los negocios inmobiliarios, ya que contando con esta herramienta se podrá brindar información a los usuarios acerca de las prestaciones energéticas de un inmueble. Este instrumento se puede usar de forma complementaria, en definiciones de operaciones inmobiliarias ante la presencia de nuevos proyectos edilicios o intervenciones en inmuebles existentes.

Del mismo modo, se impulsará la aplicación, de forma gradual y progresiva, de estándares mínimos de eficiencia energética en obras públicas y alquileres, así como también en los planes de vivienda que se ejecuten con presupuesto propio. En esta clase de acciones, el Estado se convierte en un canal de difusión y educación de las prácticas sociales y ambientales sustentables.

La iniciativa fue diseñada de manera conjunta por especialistas de la Secretaría de Estado de Energía, considerando los compromisos asumidos en la Cumbre sobre el Cambio Climático de París en 2015 y el propósito del Gobierno Provincial de plantear políticas activas que promuevan la educación, la implementación de prácticas sustentables y el desarrollo de tecnologías orientadas a facilitar el ahorro, la eficiencia y el uso racional de los recursos energéticos.