Piden que se implemente la ley nacional que prohíbe la venta de tierras incendiadas en Río Negro

La ley nacional 27.604, sancionada el año pasado, impide la venta, parcelamiento o cambio de destino de los inmuebles afectados por incendios, que se encontrasen bajo protección ambiental, durante un período que va de los 30 a los 60 años.

En ese marco, el proyecto impulsado por los legisladores María Eugenia Martini, Ramón Chiocconi y Alejandro Marinao ordena al Registro de la Propiedad del Inmueble provincial a que identifique esas superficies quemadas y que la Dirección de Ambiente y Recursos Naturales informe al registro, cuáles son esas parcelas.

"El gobierno provincial tiene la obligación de implementar medidas que protejan nuestro bosque nativo, que evitan estos desastres y desalienten la especulación en lugares de enorme potencial ambiental y productivo, como también avanzar en la recuperación de la forestación dañadas", explicó la presidente del bloque de FdT, Maria Eugenia Martini.

El legislador Marinao dijo que "los incendios forestales han asolado de manera impiadosa a nuestro país y a nuestra región, en esta temporada estival se han quemado solo en Río Negro, más de 10 mil hectáreas de bosque nativo, han muerto numerosos animales, y se han incendiado casas de familias que perdieron todo por el fuego".

"Las causas de los incendios forestales son múltiples y complejas, sin duda el cambio climático es un factor central", agregó.

El Gobierno nacional informó en su momento que el 95% de los incendios se debe a la actividad humana, y "por esto es necesario adoptar e instrumentar todas las herramientas jurídicas que puedan prevenir la especulación inmobiliaria que lamentablemente se desata después y, en ocasiones, antes de los incendios", afirmó a su vez Chiocconi.

Los legisladores, resaltaron la necesidad de advertirle a terceros que pretendan adquirir inmuebles de buena fe y que estén incluidos en esas restricciones, los alcances de la reglamentación nacional.

La ley establece que "las tierras fiscales o particulares afectadas por incendios forestales provocados o accidentales, que quemen vegetación en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas y humedales, no pueden ser modificadas en su uso o división durante 60 años, con el fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies y evitar acciones especulativas".