Once provincias tienen encaminados procesos de reestructuración de deudas por unos US$ 12.700 millones y buscan seguir los pasos de Mendoza que, esta semana, fue la primera en cerrar un preacuerdo con sus acreedores para cambiar las condiciones de pago de un bono por US$ 530 millones.

A poco más de un mes de que el Gobierno Nacional acordara la reestructuración de US$ 66.137 millones de deuda contraída bajo legislación extranjera, aún restan once distritos cerrar entendimientos con acreedores privados para evitar caer en cesación de pagos los compromisos provinciales.

Al respecto, el ministro de Economía, Martín Guzmán, pidió a las provincias no caer "en la tentación de un arreglo rápido y malo" y pidió que se "tomen todo el tiempo que se tengan que tomar" para alcanzar un entendimiento sostenible alineado con el de la Nación.

"Los acreedores tienen expectativas que son altamente irrazonables e infundas sobre la capacidad de pago de las provincias. Eso hace que las negociaciones de varias provincias estén en un momento de cierto empantanamiento", dijo Guzmán a Télam y otros medios días atrás.

Esta semana, después de tres meses de negociaciones y dos propuestas fallidas, el ministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri, informó que la provincia recibió el apoyo del 92% de los tenedores del bono PMY24 -emitido en 2016 con un stock de US$ 530 millones y un interés de 8,375%- para postergar su vencimiento de 2024 hasta 2029.

La operatoria incluirá una reducción en el pago de cupón los primeros años -con una quita del 40% en total y un nuevo cupón promedio de 5%- y una mayor distribución de la devolución del capital, que recién comenzará a pagarse en 2023.

"Permitirá un ahorro en materia de intereses de 80 millones de dólares y hará una curva de perfil de vencimientos más acorde a las capacidades de pago de nuestra provincia dado el contexto actual", explicó Nieri en conferencia de prensa al presentar el arreglo.

Detrás de Mendoza, otras 11 provincias esperan cerrar una renegociación exitosa de su deuda en dólares, con 28 bonos en discusión por un total de U$S 12.700 millones.

La más importante de todas es Buenos Aires que, con sus US$ 7.148 millones en bonos, concentra el 56% del total de la deuda que las provincias buscan renegociar.

El 23 de abril Buenos Aires hizo a sus acreedores la primera, y hasta ahora única, oferta que incluye un período de gracia de tres años, recorte del 55% en las tasas de interés y del 7% en el capital, y una extensión promedio de 13 años de los bonos a renegociar.

El 14 de septiembre, el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, anunció la séptima prorroga del plazo de negociación con bonistas hasta el 9 de octubre, tras no llegar a un entendimiento "acorde con la capacidad de pago de la Provincia".

"Estamos dialogando con los bonistas, para transmitir este mensaje de que la provincia no está en condiciones de ofrecer niveles altos. Buenos Aires necesita un alivio grande, así lo muestran las cuentas y también la situación de sostenibilidad que requiere el gobierno nacional en términos de las divisas", dijo López en una entrevista con Télam la semana pasada.

Córdoba es la segunda provincia en volumen de deuda a reestructurar con tres bonos por US$1.685 millones, los cuales propuso cambiar por otros títulos con dos años de plazo de gracia y quita de intereses, pero no de capital.

De este modo, la provincia empezaría a pagar el capital en 2023, a razón de un 20% del total cada año, con una reducción al 1% de pago de cupón hasta 2022 y, a partir de 2023, elevar el interés al 5%, poco más de dos puntos de lo que hoy pagan los bonos que tienen la provincia.

En el mismo sentido hizo su oferta Neuquén, que pretende cerrar un acuerdo antes del 9 de octubre por dos bonos de casi US$ 700 millones, en base a una reducción promedio de unos dos puntos porcentuales en los cupones de interés y la extensión de vencimientos a 2030.

El resto de provincias con reestructuraciones abiertas son Río Negro (US$ 300 millones), Chubut (US$ 700 millones), Chaco (US$ 250 millones), Salta (US$ 388 millones), La Rioja (US$ 200 millones), Entre Ríos (US$ 500 millones), Tierra del Fuego (US$ 200 millones) y Jujuy (US$ 210 millones).