La decisión surgió a partir de la eliminación en febrero pasado por parte del anterior Gobierno Nacional de los subsidios al sector residencial, lo cual derivó en la creación del decreto 345/19, mediante el cual se creó la Tarifa Social Eléctrica Provincial.

“De no haberse tomado la determinación por parte de la Provincia, muchas familias que reciben el servicio por parte de EdERSA y las cooperativas eléctricas CEARC y CEB, hubieran tenido que enfrentar el pago completo de la factura que reciben en sus domicilios”, señaló la secretaria de Energía, Andrea Confini.

En términos porcentuales, la funcionaria estimó que se trata de alrededor del 20% de los usuarios del servicio eléctrico de la provincia los que están incluidos en este beneficio. “Son poco más de 39.000 pertenecientes a la distribuidora EdERSA; unos 8.600 de la CEB en Bariloche y Dina Huapi; y 1.600 más de la CEARC en Río Colorado”, apuntó.

La Tarifa Social Provincial de Electricidad consiste en un descuento en el precio mayorista de la energía, que es uno de los tres elementos que componen el monto final que paga cada usuario del servicio eléctrico.

“No es casual que sea en este tramo en el que se aplique el subsidio puesto que es un segmento que ha tenido un incremento continuo, a partir de las decisiones que tomó la anterior administración nacional en el área energética. Vale apuntar que es la Nación la que regula ese parámetro. La modificación de los costos lo convirtieron en el ítem más importante de la composición tarifaria, al punto que llegó a representar el 60% de la factura”, indicó Confini.

En la práctica, el mecanismo se instrumenta a través del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), desde donde se liquidan los reconocimientos a cada una de las distribuidoras, luego de que las mismas presentan las rendiciones correspondientes.

Los parámetros elegidos para acceder a la Tarifa Social son los dispuestos por Nación oportunamente y para el mismo módulo de 300 kWh bimestrales del costo de abastecimiento nacional que se definió en su momento.

Para acceder a este beneficio deberán ser jubilados, pensionados o retirados con un ingreso menor o igual a dos salarios mínimos vital y móvil, tener un empleo en relación de dependencia cuya remuneración bruta sea menor o igual a dos salarios mínimos vital y móvil, percibir seguro de desempleo, contar con Certificado de Discapacidad, ser titular de pensión no contributiva, ser beneficiarios de programas sociales o ser empleados del Servicio Doméstico.