Río Negro rechaza la afectación de sus recursos por el tope en el valor de los combustibles

No descarta recurrir a la Justicia para evitar las consecuencias económicas negativas para la Provincia. Se estima que en los tres meses que durará en principio la medida nacional, Río Negro sufrirá un impacto negativo de más de 612 millones de pesos.

“Nos parece muy importante que se establezcan medidas de alivio para el bolsillo de la gente, pero este costo no debe ser pagado solamente por las provincias. Con este congelamiento del precio de los combustibles ni Nación ni las empresas hacen ningún aporte, y todo el peso recae en las provincias productoras”, señaló el Gobernador Alberto Weretilneck.

Destacó además la importancia “de toda medida que sea una lucha directa contra la inflación, pero no debe ser enfrentada solamente por las provincias productoras, que verán seriamente afectados sus recursos”.

El gobernador hizo referencia así a las consecuencias económicas que implica el tope al valor de los combustibles establecidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 566/2019, y por el cual se establece un valor dólar combustible de $45,19 por el término de 90 días. Ya instruyó al Fiscal de Estado que analice el tema y no se descarta accionar judicialmente.

La medida –se estima- implica una reducción directa de recursos que desde economía se estima en 610 millones de pesos, derivada de la reducción en la recaudación por regalías hidrocarburíferas (510 millones) y sobre Ingresos Brutos en la actividad (102 millones), como consecuencia de la diferencia entre el precio del dólar actual que oscila en los 60 pesos y los 45,19 establecidos como tope para la venta de combustibles. Esto sin contar posibles aumentos de la divisa y tampoco la reducción de las ventas que hagan las empresas y/o inversiones que agravarán la situación.

“No nos introducimos en la decisión política del Estado Nacional, en el marco de una evidente crisis, sino que nos preocupa que las provincias petroleras debamos soportan en mayor medida sus consecuencias, a favor del resto del país, provocando una desigualdad evidente en la distribución de las cargas públicas en nuestro desmedro y agraviando un principio constitucional inocultable”.